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SCJ confirma condenas por fraude y estafa contra ejecutivos del Banco Peravia

Dos de los principales ejecutivos del Banco Peravia

Aún siguen 10 imputados prófugos

SANTO DOMINGO, R.D.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que condena a cinco de los ocho imputados por la quiebra del Banco Peravia, a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos.

En su sentencia No.SCJ-SS-23-1640, de fecha 29 de diciembre de 2023, el alto tribunal, rechazó los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y los afectados por la quiebra de dicha entidad bancaria.

Además, confirmó la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que condena, entre otros a Nelson Serret Sugrañez y Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso y ordenó el decomiso de múltiples bienes.

Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret, fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos.

Los imputados fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsedad de escritura y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, fueran condenados a 20 años de prisión y el pago, cada uno, de una multa de RD$2,500,000.00.

Están prófugos

Por el caso aún permanecen prófugos los acusados José Luis Santoro Castellanoy Daniel Alejandro Morales Santoro, de quienes se dice están escondidos en Venezuela.

Además, está prófugos Gabriel Arturo Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Mirian Altagracia Serret Sugrañez, Evelin Serret Aponte, Luis Manuel Peña Melo, Luis Herrera Valerio (esposo de Yesenia Serret), José Carlos Bergantiños y Mirian Serret Aponte (Chiquitica).

Entre estas personas, se ha informado, que se activa su localización para ser juzgados.

Asimismo, el Ministerio Público había pedido 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1, 250,000.00 contra los acusados Pausides Morales Rodríguez y Florentino de Jesús Acosta.

El tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras, así como al ex coronel del Ejército Nacional que fungía como seguridad del Banco Peravia, Florentino de Jesús Acosta, y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban en contra de estas personas.

El Banco Peravia, actuando como Banco de Ahorro y Crédito tenía operaciones limitadas autorizadas, pero con la poca regulación que tenía, actuaba como si fuera un banco múltiple y a los depositantes les entregaban certificados financieros falsos emitidos, por ellos mismos y luego acusaban a los ahorrantes de haberlos falsificados y procedían hasta a querellarse contra los depositantes, para mediante ese mecanismo robarle sus ahorros y hacerlos hasta caer presos.

Esto le sucedió a las señoras Sol Sthormes Bolívar y a Betha del Carmen Fernández, a las cuales les fabricaron falsos procesos utilizando al coronel Florentino, quien se desempeñaba como encargado de Inteligencia Financiera del Departamento Nacional de Investigaciones del DNI, para impedirles la entrada al país y que no pudieran reclamar sus ahorros.

Se recuerda, además, que otro empresario denunció que estaba siendo secuestrado por varios hombres armados que trabajaban al servicio de los ejecutivos venezolanos del quebrado banco, rapto que fue frustrado por la rápida intervención de la Policía Nacional, en ese entonces.

Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado, Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Además, deberán pagar indemnizaciones de varias empresas que se constituyeron en actores civiles, así como querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.

Contradictoria

Los abogados, representantes de las víctimas, calificaron como “muy contradictoria” dicha sentencia, desde sus inicios, por lo que podría hacer que el Tribunal Constitucional pueda pronunciar su nulidad.

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