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Son implicados en falsificación de documentos públicos, entre ellos licencias, cédulas, títulos universitarios y títulos de propiedad
SANTIAGO, R.D.
Un total de 16 individuos han sido imputados en la "Operación Colibrí", entre ellos un abogado y un empleado de la Junta Central Electoral.
Estos sujetos son implicados en una supuesta red que, según ha dado a conocer el Ministerio Púbico, se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra los 16 imputados en "Operación Colibrí", que actuaban desde Santiago.
La audiencia de medidas de coerción ha sido fijada para el lunes a las 10 de la mañana.
La fiscalía está solicitando prisión preventiva y que el caso sea declarado como complejo por la multiplicidad de involucrados, así como por los ilícitos en que supuestamente incurrían los imputados.
Los imputados son:
– Luis Manuel Rodríguez Taveras
– William Ramón Rodríguez Rodríguez
– Samuel Elías Ceballos Ramos
– Ana Delia Isidra Tavarez Soto
– Tomás Enmanuel Rojas Guzmán
– Julio César Almonte Espinal
– Arsenio Rafael Reyes
– Yanuel Morales
– Noel de Jesús Padilla Minaya
– Fausto Merán
– José Rosario Marte
– José Alfonso Acevedo García
– José Miguel Cruz Hiraldo
– Rubén Amauris Ramírez
– Rubén Darío Núñez Ortega
– José Carlos Montero Troncoso
Montero Troncoso es empleado de la Junta Central Electoral.
La Fiscalía presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151, del Código Penal Dominicano. Los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley 8-92, sobre Cédulas de Identidad y Electoral. Los artículos 86 y 88, de la Ley 172-13, sobre Protección Integral de los Datos Personales
Además, el artículo, párrafos 17, 18 y 19, de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Contra Acevedo García, abogado, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67, de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Según el Ministerio Público, varios de los imputados operaban como “buscones” en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos, para falsificar documentos, cobrando “por sus servicios” entre 5,000 y 20,000 pesos.
