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Imponen garantía económica de 5 millones a Donald Guerrero para dejarlo en libertad

Cabecilla de caso Calamar no podrá salir del país

 

SANTO DOMINGO, R.D.

La primera sala penal de la corte de apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar.

Para salir libre, Guerrero deberá pagar una garantía económica de cinco millones de pesos que le impuso el tribunal presidido por Doris Pujols Ortiz, e integrado por Indira Montas y Rafael Báez.

Al variarle las medidas de coerción, el tribunal, además, impuso al ex funcionario presentación periódica e impedimento de salida del país.

Guerrero guarda prisión, conjuntamente con el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Ambos fueron enviados tras las rejas por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, en marzo de 2023.

En el caso Calamar, también figuran como acusados el ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo; el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Además, el abogado y economista Ángel Lockward y los ex directores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Igualmente, figuran en el caso Calamar, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

El legislador Sergio Moya (Gory), del PRM, también fue señalado en el expediente acusatorio de la Operación Calamar, así como el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos.

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