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Diplomáticos cancelados en RD se unen para defender sus derechos ante organismos internacionales

Acusan al presidente Abinader de violar derechos humanos

 

SANTO DOMINGO, R.D.

Quedó constituida la Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana (UDICARD), cuyos integrantes fueron desvinculados, sin justificación por el actual gobierno, que preside Luis Abinader, tras largos años sirviéndoles en diferentes países, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La nueva entidad ya fue presentada ante un grupo de Senadores dominicanos, en visita que sus directivos hicieron al Congreso Nacional.

La nueva entidad, de acuerdo con sus directivos, fue creada con propósitos de defender a los diplomáticos y, al mismo tiempo, enfrentar las violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, hicieron saber que los derechos de los diplomáticos de carrera dominicanos han sido violados por el gobierno de Abinader.

Rafael Hernández, diplomático de carrera y quien preside la UDICARD, destacó que los miembros de esa entidad han sido maltratados por el actual gobierno dominicano, “tras permanecer por años rindiendo una útil labor al país, cónsona con las responsabilidades que nos han sido conferidas”.

En el día de hoy le informamos a ustedes, al país y al mundo, que hemos convenido en asociarnos, por una justa causa, asumiendo el derecho, que como funcionarios públicos de carrera, nos asiste”, expresó Hernández, dirigiéndose a los senadores con quienes se reunieron para presentar la UDICARD.

Y más adelante agregó que se han unido en bloque “hacia la conquista de nuestros derechos humanos, violados por parte del actual jefe del Poder Ejecutivo de la República Dominicana y su canciller Roberto Álvarez”.

El diplomático Juan Borg, otro de los integrantes de la nueva entidad, manifestó que se han unido como gremio especializado, apoyado en los artículos 47 y 62, en numeral 3, de la Constitución dominicano, y el Convenio No. 98, de la Organización Internacional del Trabajo para Asociarnos.

Adelantó que procederán colectivamente a lograr conquistas laborales justas y lícitas.

Igualmente, informó que formalizarán sus denuncias contra el Gobierno dominicano por violación de derechos humanos ante los organismos internacionales.

“El País ya conoce nuestro caso, pues representó una de las primeras acciones ejecutadas por parte del presidente Luis Abinader, en conjunto con el actual canciller Roberto Álvarez Gil, cuando por medio de un mecanismo inconstitucional y violatorio del principio de legalidad del país, Luis Abinader cumplió con su eslogan de su campaña electoral (el cambio), destituyendo masivamente a un numeroso grupo de funcionarios de carrera, adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, contrariando de esa forma, su promesa hecha a todo el país, justo después de su primer discurso como presidente electo, de respetar a aquellos funcionarios en sus respectivos cargos”, se lee en un comunicado de la nueva entidad, enviado a los medios.

El documento agrega, refiriéndose al presidente Abinader que el mandatario, Para disponer las cancelaciones de diplomáticos de carrera, “seleccionó el peor momento de la historia de la humanidad reciente, justamente, violentando el decreto de Estado de Emergencia Nacional y ante una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y los decretos emanados del Ministerio de Administración Pública”.

Esas cancelaciones, dijeron, recayeron en personas que por muchos años, “fuimos la cara internacional de la República Dominicana”.

Agregan que “hasta personas bajo licencia médica, fueron retirados y otros perdieron hasta sus vidas”.

Las cancelaciones se produjeron por ser contrarios a la opinión política del gobierno actual, expresó la UDICARD.

Se quejaron de que han sido favorecidos por numerosas sentencias del Tribunal Superior Administrativo, pero las mismas han sido desacatadas por el gobierno.

Tribunal Constitucional

En ese sentido, dijeron que el presidente del Tribunal Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones la obligación del Estado de cumplir las sentencias en favor de los funcionarios públicos cancelados, incluso, ha exhortado a empoderar a un órgano extra poder, como el Defensor del Pueblo, a que cumpla con su rol institucional.

Empero, dijeron que desde hace más de un año, el diplomático Ramón Carreño ha solicitado, en conjunto con sus compañeros, la intervención de Pablo Ulloa, defensor del pueblo, pero no han contado con ningún apoyo de su parte, solo un silencio administrativo.

Advirtieron que llevarán sus denuncias ante los diferentes organismos internacionales, que abogan por el respeto a los derechos humanos.

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