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Ministerio Público presenta acusación por fraude bancario contra ejecutivos dominicanos y venezolanos

Lo acusan de sustraer US$4 millones a inversionistas norteamericanos

 

SANTO DOMINGO, R.D.

La Dirección Nacional de Persecución de Delitos financieros del Ministerio Público presentó formal acusación ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en contra de ejecutivos bancarios dominicanos y venezolanos, que supuestamente estafaron a un grupo de inversionistas norteamericanos.

De acuerdo con la acusación, los inversionistas norteamericanos fueron víctimas de la sustracción de unos cuatro millones de dólares, que habían sido aportados para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito, en República Dominicano.

De la alegada estafa, responsabilizan como cabeza del grupo al panameño de origen venezolano, Carlos Eduardo Salinas Rodríguez.

Además, el Ministerio Público presentó acusación y solicitud auto de apertura a juicio en contra de José Nicolás Giacopini León, Carmen Pichardo Casanovas, José Alejandro Holguín, Rafael Díaz Fermín, Mario Feliz Pérez, Juan L. Jardines, Candibel Uribe, Douglas Ungredda, Abelardo César Leites Campos, Mario José Ginebra y las compañías Banco de Ahorro y Crédito OFICORP, Wallaston International Corp., Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp y Exo Investment, SRL.

Según la acusación estos imputados se combinaron con los venezolano Salinas Rodríguez y Giacoppini para distraer, en perjuicio de sus víctimas más de US$3.8 millones de dólares, equivalentes a más de 200 millones de pesos dominicanos.

Las víctimas del fraude y sustracción de capitales son el norteamericano Ran Mendel Cohen y la sociedad Banco de ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group), el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales accionistas, quienes son representados en el proceso por los abogados César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almánzar, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y José N. Peralta Barrientos.

Los juristas depositaron una querella por los delitos de asociación de malhechores, lavado de activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, sobre Monetaria y Financiera, “con la finalidad de estafar a sus víctimas y posteriormente tratar de legitimar o lavar los activos sustraídos a sus víctimas a través de diferentes esquemas y sociedades de carpeta con las cuales intentaron ocultar el verdadero origen de los capitales sustraídos”.

Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta, entre las cuales se encuentran Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc., Ardi Consulting Corp., Timor Consultoría T.C., SRL, Empresa Osterman & CIE LTD, Exo Investment, SRL, Kosher Investment SRL, Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann & CIE LTD, Orion Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., H 2 Global Consulting CA, Niwuk Investments SRL, Q Jets Aviations SRL, Anta Metal Trading Corporation, Fiduciaria Unicapital Trust Corporation, Cross Fit Team Venezolana SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital Corporations Inc., Wallaston International Corp., Wallaston International Group, Regal Global Investments, Inc., Unicapital Corporation, Inc.

Por este mismo caso también se encontraban siendo procesados otros involucrados, quienes al ser descubiertos optaron por colaborar con el Ministerio Público y entregar bienes obtenidos del producto de los delitos atribuidos en la acusación.

Los inversionistas norteamericanos habían planeado realizar grandes inversiones en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República Dominicana, sin contar que confiaron en empleados venezolanos que vinieron al país a la apertura de dicho Banco, y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades, que son investigadas por el Ministerio Público y contra los cuales se esperan sanciones severas, que irían de 10 a 20 años de prisión, por la comisión de todos estos ilícitos penales.

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