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Denuncia proyecto de termoeléctrica en Manzanillo se inicia sin estudio de impacto ambiental

CEBAMDER advierte presidente Abinader viola Ley 64-00 al dar picazo para construir esa obra

MANZANILLO, Montecristi, R.D.

El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), denunció que el presidente de la República, Luis Abinader, ha violado la Ley 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales, cuando da un picazo para supuestamente dejar iniciado los trabajos para la construcción del proyecto de la Termoeléctrica Manzanillo, ya que esta obra no cuenta para su ejecución de un estudio de impacto ambiental en la zona donde se pretende ejecutar.

Frank Valenzuela

El presidente del Centro CEBANDER, Frank Valenzuela, destacó que con la visita el presidente Abinader está legalizando las acciones que realiza “la cuestionada empresa Haina Investimento Company, Ltd”, que ha desmontado más de 500,000 mil metros de terrenos alrededor del área protegida Manglares de Estero Balsa.

Sostuvo que eso ha implicado la destrucción de especies nativas, de floras, refugios de aves y especies, “algo sin precedente que no tiene otro nombre que sea ecocidio ecológico”.

Valenzuela dijo que peor aún, el presidente Abinader está entregando un proyecto estratégico de la nación a una empresa que en el pasado reciente, supuestamente fue condenada por un Tribunal Internacional de Arbitraje en París, en el 2012, por estafar al Estado Dominicano por la distracción de una serie de fondos que totalizaron luego, más de 30 millones de dólares, según ha denunciado al país el comunicador Carlos peña.

Valenzuela dejó claro que el estudio de impacto ambiental en esa obra de gran envergadura y de impacto al medio ambiente, “debe ser el documento técnico para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales”.

Aseguró que la evaluación de impacto ambiental “es una herramienta para la toma de decisiones y para la planificación del desarrollo, para definir las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos y efectos negativos que pueda generar o esté generando ese proyecto, en una obra, que va impactar en esa zona protegida”.

Afirmó que con esa decisión, el presidente Abinader desacata los considerandos en la Ley 64-00, cuando establece que “es de vital importancia la protección, conservación y uso sostenible de los variados ecosistemas que componen el patrimonio natural y cultural de la nación dominicana y de las especies de flora y fauna nativas, endémicas y migratorias, que son parte fundamental de ellos”.

Aseguró que es peor, cuando la misma ley considera que “los recursos naturales y la diversidad biológica son la base para el sustento de las presentes y futuras generaciones, por lo que es de urgencia que el Estado Dominicano aplique una política de medio ambiente y recursos naturales que garantice un desarrollo sostenible”.

Valenzuela aseguró que es con estas acciones que el presidente da “una mala señal” al país para el debido respeto al medio ambiente, ya que la Ley 64-00 establece con claridad que “las áreas bajo protección especial constituyen la garantía de conservación de especies valiosas, la producción de agua, la productividad de los suelos, las aguas interiores y los ecosistemas marinos”.

Enfatizó que, en los reglamentos de la ley, en su artículo 41, se establece que: “Los proyectos o actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental incluyen de manera especial los proyectos termoeléctricos. Y de generación. Así mismo, Obras de ingeniería de cualquier índole que se proyecten a realizar en ecosistemas frágiles, en humedales o en espacios costeros”.

Según los promotores, el megaproyecto energético forma parte del plan maestro de Manzanillo y su complejo de obras en el muelle del mismo nombre.

La obra es desarrollada con una inversión privada de los consorcios Manzanillo Gas & Power y Manzanillo Energy, bajo la firma de un contrato de compra de energía con el Estado dominicano por 15 años, a precios más bajos que los del mercado.

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