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EL ARRESTO DE UN CIUDADANO Y EL PELIGRO DE MUERTE

¿Y el Fiscal, para cuándo?

Inmemorial a:
Juan Martínez Berroa
Alguacil Ordinario S.C.J.

Lo primero y fundamental que debemos decir, en los crímenes ocurrido en los destacamentos policiales, que han llenado de estupor e indignación a la ciudadanía, es que está en juego la libertad y la seguridad individual ante la intervención policial, quien ejerce el monopolio de las acciones coercitivas del Estado frente a la ciudadanía.
Con las limitaciones constitucionales previstas en el artículo 40 y el Ordenamiento Judicial vamos a explicar los arrestos que se producen en contra de ciudadanos.

El arresto está definido en nuestro Código de Procedimiento Penal, y tiene una normativa contraria a la brutalidad, altura y tratos crueles e inhumanos o degradantes, que la ciudadanía ha rechazado y se encuentra llena de indignación por las muertes ocurridas en los destacamento, producto del arresto por parte de funcionarios de la policía nacional

El artículo 276, del Código de Procedimiento Penal, dice en forma precisa, que los funcionarios de la policía sólo pueden arrestar a los imputados en los casos que autoriza la ley y con apego estricto a principios básicos de actuación.

Con una sola lectura del numeral cuarto, de dicho artículo 276, se establece en forma tajante: “Qué está prohibido investigar o tolerar actos de tortura, tormento u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”, como lo que ha ocurrido en los diferentes cuarteles, en donde el preso se ha convertido en un muerto de las ergástulas policiales.

La obligación de comunicar a los familiares o personas de confianza y al abogado indicado por la persona arrestada, sobre el arresto y el lugar en donde es conducido o permanece, está también contemplado en el artículo 276, numeral siete.

Aunque en ese artículo no se habla de un protocolo específico, para la actuación de un agente de la policía, el numeral 1, 2 y 3, establecen la obligación de qué el agente de la policía, se identifique y que la persona arrestada pueda verificar la identidad de quién procede a arrestarlo y más aún, el protocolo de exigencia en el arresto, establece, que la gente de la policía debe de abstenerse del uso de la fuerza, salvo cuándo es estrictamente necesario y siempre en la proporción que lo requiera la ejecución del arresto, llegando a establecerse en el numeral tercero, la abstención del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que coloque en peligro la vida o integridad física de las personas, o con el objeto de evitar la comisión de otra infracción, dentro lo necesario la proporcionalidad atinente al caso.

Pero, lo más importante ha sido la disposición del artículo 277, del Código Procesal Penal, que obliga a los funcionarios de la policía, a informar al Ministerio Público sobre las diligencias preliminares de la investigación dentro del plazo de las 72 horas y si se ha producido un arresto, se reduce a un plazo de 24 horas.

El objetivo de este informe, de acuerdo a la interpretación exegética del artículo 277, es documentar las diligencias y asentar en una única acta, con la mayor exactitud posible, las relevantes noticias sobre los motivos de arresto y dejar constancia de las instrucciones recibidas del Ministerio Público a los agentes de la policía.

El párrafo tercero, del artículo 277, del Código Procesal Penal, establece de manera taxativa, que el informe es firmado por quien dirige la investigación y en lo posible, por las personas que intervienen en los actos o que proporcionen alguna información.

Y contempla, además, que si el abogado defensor participa de alguna diligencia, se debe hacer constar y se le solicita que firme dicha acta, de tal forma, que si no firma debe hacerse mención de esa circunstancia y no invalida el valor proporcionado por el acta en ese momento.

Cómo en el pasado, en el viejo Código de Instrucción Criminal, en los artículos 32 y siguiente se le exigía al Ministerio Público el levantamiento de un acta, al momento de hacer los allanamientos y apresamientos de Personas o hallazgos de objetos comprometedores de responsabilidad penal en ocasión de la comisión de un crimen.

Y es por eso que el artículo 279, del Código de Procedimiento Penal, establece, que al inicio de la investigación preliminar, el informe policial, que constituyen investigaciones de oficio primigenias en la tipificación posterior de un ilícito penal, debe abrir de inmediato el registro correspondiente y hacer constar los datos, que por ley exigible, debe cumplir a cabalidad.

Es decir, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del dichoso artículo 279, del Código Procesal Penal que dice lo siguiente:
1) Una sucinta descripción del objeto de la investigación;
2) Los datos del imputado, si los hay;
3) La fecha en que se inicia la investigación;
4) La calificación jurídica provisional de los hechos imputados;
5) El nombre del funcionario del ministerio público encargado.

Víctimas de Santiago, Santo Domingo y Ocoa

MUERTOS, ASESINATOS EN CUARTELES

En las muertes y asesinados en los cuarteles, no se cumplió nada de eso que la ley exige y que ahora aparece un grupo de granujas alegando que no debe hablarse y, mucho menos, exigirse a las autoridades competentes.

Quienes tenemos un pensamiento democrático y plural, rechazamos categóricamente los asesinatos a mansalva en los cuarteles y exigimos, de manera categórica, que el Ministerio Público, en cada destacamento, juegue el rol que le corresponde y ocupe el puesto que la ley le ha exigido.

Y, a su vez, debe responder frente a la ciudadanía, con informaciones verosímiles de su actuación frente a crímenes horrendos en los destacamentos policiales.

Finalmente, y sin despedirme, ojalá que estos crímenes en los destacamentos no se conviertan en una crónica Rosa telenovelesca o peor aún, en simples obituarios de triste recordación.

 

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