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El danilismo pretende proteger su cúpula en casos de corrupción desde el CNM

Por Raúl Martínez

Secretario de Asuntos Jurídicos de la FP

Durante las últimas semanas, la cúpula de lo queda del Partido de la Liberación Dominicana ha insistido en reclamar el escaño que corresponde al representante de la segunda mayoría en el Senado, para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Nos referimos a tan absurdo planteamiento en una declaración pública que ofrecimos el pasado 18 de agosto de este año, en la cual explicamos que dicha pretensión contradice frontalmente lo que establecen los artículos 178.3 y 77 de la Constitución de la República.

Es evidente que, con el paso de los días, la confusión que pretendió generar la élite del “danilismo” en relación con el tema se ha venido disipando, debido a la absoluta carencia de sentido y fundamento jurídico de esta díscola pretensión. No obstante, los voceros del PLD persisten en su aspiración de usurpar ese espacio de representación que corresponde a la Fuerza del Pueblo, a pesar de que nuestra organización cuenta con 9 integrantes en su bancada, mientras que el viejo partido sólo cuenta con 3 senadores. Por esta razón, consideramos que es importante que la opinión pública nacional esté apercibida de las verdaderas razones que mueven a la cúpula danilista a empecinarse en obtener dicho representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Ante todo, es importante examinar la legítima composición del señalado órgano constitucional. La coalición oficialista cuenta con el Presidente de la República, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados. La Fuerza del Pueblo cuenta con un representante, al encarnar la segunda mayoría en el Senado de la República. Existen dos integrantes que nunca han tenido militancia partidaria, y que provienen del sistema de justicia. Nos referimos a la Procuradora General de la República y a la jueza designada por la Suprema Corte de Justicia para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. De su parte, el Partido de la Liberación Dominicana también está representado, pues cuenta con el congresista que designará la Cámara de Diputados, en la cual ellos ostentan la segunda mayoría de legisladores, También es muy cercano al PLD el Magistrado Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien fuera dirigente de esa organización hasta su designación en el rol que actualmente ocupa, y a la vez un alto funcionario de la gestión gubernamental pasada.

Como se ve, se trata de una conformación plural y equilibrada, en la cual el PLD también participa. ¿A qué obedece, entonces, la desaforada pretensión de la élite peledeísta, que insiste en usurpar el espacio que corresponde a otro partido opositor en el Consejo Nacional de la Magistratura? Todo parece indicar que esta descabellada postura está asociada a la eventual persecución judicial de sus principales dirigentes por la alegada comisión de actos ilícitos vinculados a la corrupción administrativa. Al contar con una mayor cuota de participación en el órgano constitucional que designa las denominadas Altas Cortes, la cúpula danilista pretende enviar un mensaje intimidatorio al cuerpo de jueces, en el sentido de hacerles entender que ellos incidirán de manera determinante en decisiones fundamentales que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de justicia dominicano.

No se trata pues, de una aspiración que procura reivindicar un espacio político que legítimamente les pudiera corresponder. De lo que se trata es de crear las condiciones para facilitar el blindaje de la cúpula danilista frente a posibles procesos judiciales, en los cuales figuras relevantes de esa organización sean juzgadas por la presunta comisión de actos de corrupción. En suma, estamos en presencia de una estrategia cuyo propósito no es otro que conseguir un entorno favorable a la impunidad de altos funcionarios del pasado gobierno.

Desde La Fuerza del Pueblo, seguiremos trabajando para garantizar la consolidación del Estado de Derecho en la República Dominicana, y para impedir la manipulación politiquera del proceso de integración de las Altas Cortes.

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