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Ciudadanos creen PGR busca sacar a Rivas del caso Yuniol Ramírez


SANTO DOMINGO, R.D.- Fue la Procuraduría General de la República quien redactó la nota distribuida entre los medios de comunicación, sobre asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras.

Al parecer, el jefe del ministerio público bajó línea, tratando de buscar una salida para desligar al destituido director de la OMSA, Manuel Rivas, del horrendo asesinato.

Las declaraciones preliminares dadas a conocer por la Policía y el ministerio público han creado suspicacia en la ciudadanía, y especialmente entre abogados y comunicadores, que reaccionaron incrédulos cuando observaron que las autoridades dieron mayor importancia a una supuesta “extorsión”, que al asesinato.
Iguales suspicacias provocaron las declaraciones del ministerio público, redactada por la Procuraduría General de la República, que daban cuenta de que en el transcurso de las investigaciones se estableció que “los empleados de la OMSA, Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias “El Grande”, habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira, para lo cual, el pasado miércoles 11 de octubre en horas de la tarde, se presentaron al campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde raptaron al hoy occiso y posteriormente le dieron muerte”.
Pero mayor fue la desconfianza entre los comunicadores y abogados, cuando escucharon al ministerio público y a la Policía Nacional manifestar que “de ahora en adelante las investigaciones se encaminan a determinar si el director de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, tiene alguna responsabilidad en este homicidio, así como también, en establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados para ponerlos a disposición de la justicia”.
Estas declaraciones dejaron claramente establecidas la intención del jede del ministerio público de sacar del expediente criminal al principal protagonista, Manuel Antonio Rivas.
Fue a Manuel Rivas, miembro del Comité Central del PLD, presidente de esa organización en Santo Domingo Oeste y principal propulsor de la tendencia del presidente Danilo Medina en ese municipio, a quien el abogado Yuniol Ramírez Ferreras acusó de la corrupción imperante en la OMSA.
Ojalá que en el caso Manuel Rivas-OMSA, la Procuraduría General de la República no haga lo mismo que hizo con los sucesos ocurridos en el CEA y OISOE, que la corrupción en esas instituciones se manchó de sangre y no se tomaron acciones judiciales contra sus principales ejecutivos.
Yunior Ramírez Ferreras fue asesinado tras  advertir que el próximo escándalo de corrupción que iba a  estallar en el gobierno, sería en la OMSA.
En septiembre del año 2015, el arquitecto David Rodríguez García se suicidó en un baño de  OISOE, agobiado por las deudas, y víctima de extorsión de parte do dos ingenieros de esta institución.
El incumbente de la OISOE en esa ocasión era un hombre de la total confianza del presidente Medina y únicamente fue sustituido del cargo.
Se trata de Miguel Pimentel Kareh, contra quien la Procuraduría no tomó ningún tipo de acción.
En febrero del presente año, caen abatidos otros dos profesionales, los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, en la cabina de la emisora donde transmitían un programa de radio, en San Pedro de Macorís. 
En ese mismo hecho, la secretaria Dayana Isabel García resultó herida de bala.
El agresor José Rodríguez, un día después “se suicidó” y, de acuerdo con las investigaciones, que aún están en curso, esto involucra las ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, en esa provincia, donde el homicida-suicida había comprado 75 tareas en el municipio de Pedro Santana, pero no se le permitía ocuparla.
El director del CEA fue destituido, pero la Procuraduría no ha tomado ningún tipo de acción legal en su contra, como principal responsable de los hechos acaecidos en la institución que dirigía.
Por todos esos casos y otros de corrupción, donde la Procuraduría no ha hecho absolutamente nada,  es que el movimiento Marcha Verde inició una campaña a nivel nacional, reclamando el fin de la corrupción y de la impunidad en el país.
Además, diferentes sectores de la sociedad han venido reclamando la designación de un fiscal general independiente.
Esto, porque a pesar de la gran cantidad de casos de corrupción denunciado en el presente gobierno, ningún funcionario, directamente ligado al presidente Medina, ha sido sometido a la justicia.

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